David Hernández
David Hernández. Periodista político y amante de la cultura.

En 2005, el PSOE logró uno de los grandes avances en materia de igualdad. Gracias al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a su equipo, en el que Pedro Zerolo jugó un papel fundamental, el matrimonio entre personas del mismo sexo fue una realidad. Un derecho imprescindible para alcanzar la igualdad. Mirando atrás en el tiempo, con la perspectiva actual, podemos comprobar que ha supuesto mucho más que el hecho de que una pareja del mismo sexo pueda ser reconocida como matrimonio, sino que ha supuesto un avance en normalización, en tolerancia, en visibilidad. Fue un impulso, una invitación a perder el miedo a ser uno mismo, a no encerrarse en un armario y a no vivir una vida que no le pertenece por miedo a la sociedad.

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El PSOE

La aprobación de la Ley del matrimonio igualitario no estuvo exenta de polémica. El PSOE perdió votantes y militantes. Pero también hubo quienes se sumaron al proyecto, ilusionados por este nuevo avance. Sin embargo, el debate no estaba dentro del Gobierno. Estaba fuera. En la derecha. En los sectores más rancios y reaccionarios de la sociedad. El Partido Popular, la Iglesia católica, medios de comunicación afines y distintas organizaciones conservadoras hicieron una campaña de acoso y derribo contra el Ejecutivo, aportando al debate un discurso cargado de odio y homofobia. El Partido Popular incluso registró un recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Estos días, estamos asistiendo a una situación muy similar con el borrador de la Ley para la igualdad de las personas trans. Sin embargo, el Ministerio de Igualdad se está encontrando con muchos más frentes abiertos, puesto que en esa campaña de acoso y derribo participan miembros del propio Ejecutivo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, de Unidas Podemos, está teniendo que soportar que compañeras como la vicepresidenta socialista Carmen Calvo suelten barbaridades como que “se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles”, como si una persona trans simplemente eligiese su género por gusto o, si porque una persona trans tenga derecho a definir en su DNI su verdadero género, fuera a poner mi género y el del resto de españoles en riesgo. Mensajes que duelen a compañeras de filas como la diputada madrileña Carla Antonelli, quien ha afirmado públicamente que la vicepresidenta debía rectificar.

Multitud de mensajes hirientes en boca de cargos socialistas, así como de personalidades del mundo de las letras que, hasta ahora, se habían definido progresistas. Discursos llenos de palabras tan ridículas como dañinas. Falacias cargadas de transfobia, que recuerdan a aquellos mensajes que difundía la derecha más rancia de este país cuando los socialistas sí estaban dispuestos a avanzar en derechos de las personas LGTBI. Transfobia oculta bajo una máscara de falso progresismo.

La Ley Trans

El borrador de la ley para la igualdad de las personas trans diseñado por el Ministerio de Igualdad es un avance que permitirá el cambio de sexo en el registro sin necesidad de informe médico ni tratamiento médico a partir de los 16 años, y entre los 12 y los 16 con consentimiento de padres o tutores. De este modo, el texto fija la despatologización de la transexualidad, en línea con la Organización Mundial de la Salud, y garantiza protección y derechos específicos a toda aquella persona “cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer”.

Las personas trans continúan sometidas a todo tipo de discriminaciones. En el ámbito laboral, el 77% de las mujeres trans han sufrido discriminación a la hora de buscar empleo; los delitos por orientación sexual o identidad de género son la tercera causa de delitos de odio; y, la peor parte del acoso escolar lo sufren las personas trans. Diversas cifras hablan de niveles intolerables de paro en el colectivo trans, especialmente entre las mujeres, muchas de las cuales se ven obligadas a caer en la prostitución.

Este tipo de leyes son fundamentales porque establecen un marco legal adecuado para la prevención, eliminación y reparación de todas las formas de discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. Son un avance importante en materia de igualdad y justicia social de las personas LGTBI.

La ley en la que ha trabajado el Ministerio de Igualdad pretende dejar de tratar a las personas trans como enfermas y se les reconoce el derecho a la libre identificación de género. Además, prohíbe cualquier método, programa o terapia de aversión, conversión o contra condicionamiento destinados a modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas.

El borrador reconoce y pone en valor la diversidad familiar, como un factor enriquecedor de nuestra sociedad, y protege a la infancia LGTBI, fomentando la protección de los menores e incluye medidas en el ámbito educativo, como la inclusión en el currículo básico del conocimiento y respeto a la diversidad sexual, de género y familiar.

Oposición en el PSOE

En 2019, los socialistas defendieron en el Congreso de los Diputados que la afectividad del derecho al reconocimiento de la identidad sexual o expresión de género y, en su caso, la rectificación de la mención sexual registral del sexo no podría condicionarse en ningún caso a la acreditación de haberse sometido a tipo alguno de cirugías, terapias hormonales o tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos, ni a la acreditación de que se padece ninguna clase de patología o condición médica. ¿Dónde ha quedado el PSOE de 2019? ¿Cómo ha podido retroceder de este modo en menos de dos años?

Los socialistas han afirmado que el borrador no es un texto del Gobierno. Cuesta entender la oposición del PSOE al borrador. Llama la atención este giro de los socialistas, ya que el texto recoge lo que la formación defendió en el Congreso en 2019 y promovió en la legislación de varias comunidades autónomas.

¿Por qué lo que en 2019 valía en el Congreso ya no sirve? ¿Por qué lo que defendió en varias cámaras autonómicas ya no vale?