David Hernández
David Hernández. Periodista político y amante de la cultura.

La tormenta Filomena ha desatado una espiral alcista en el mercado de la electricidad. En los últimos días, el precio medio del megavatio-hora ha alcanzado los 90 euros. Un problema que  agrava aún más la situación del gran número de familias vulnerables que existen en España. La pobreza energética es una cuestión de la que hemos ido tomando consciencia como sociedad poco a poco, a medida que los medios de comunicación han ido interesándose en el asunto. Un problema que llevamos arrastrando durante años, pero que, ahora, en plena crisis, ha vuelto a poner el recibo de la luz en el centro del debate político.

La luz en España es una de las más caras de Europa. Sin embargo, cualquier intento de limitar las tarifas supone un problema. Quizá, sólo quizá, se deba a las tan cuestionadas y poco éticas puertas giratorias. El sector de la energía es uno de los que más puertas giratorias aglutina. Por ejemplo, en la plantilla de Endesa, han trabajado, como mínimo, un presidente, cinco ministros y una extensa lista de altos cargos públicos, desde secretarios de Estado hasta consejeros autonómicos. Una empresa pública y estatal cuya privatización inició Felipe González (tan socialista él) y culminó José María Aznar durante su mandato.

En 2018, en el especial #yoIBEXtigo que La Marea dedicó a las puertas giratorias de las empresas energéticas, identificaron a más de 175 exaltos cargos políticos que formaron o forman parte de los consejos de administración y equipos directivos de compañías como Repsol, Enagás, Red Eléctrica y otras compañías del sector.

Las mentiras de Vox

La factura de la luz no sube porque el Gobierno haya decidido aumentarla, como dijo Iván Espinosa de los Monteros. Una vez más, el diputado de Vox mintió descaradamente, sin ningún escrúpulo, al decir que el Gobierno había subido “un 27% la factura de luz y un 22% la factura del gas”.

La factura se compone de varios elementos: el consumo de energía, los impuestos y lo que conocemos como “peajes”. Se ha incrementado el precio de la energía, una parte del recibo que no la decide el Gobierno, sino el mercado de empresas productoras. También mintió en el aumento del precio del gas, que no ha sido de del 22% sino del 6%.

Reforma del mercado eléctrico

La solución al problema es impulsar lo antes posible la reforma del mercado eléctrico, uno de los acuerdos alcanzados en el pacto del Gobierno de coalición. Unidas Podemos ya planteó que los cambios en el sistema eléctrico se introdujeran en la ley de cambio climático. Sin embargo, la ministra de transición ecológica, la socialista Teresa Ribero, que es quien tiene las competencias en materia de energía, se opuso a introducir los cambios en el sistema eléctrico.

Por tanto, no queda más remedio que esperar que se ponga en marcha la reforma del mercado eléctrico, pero el Ministerio de Transición Ecológica lo está dilatando. No requiere tanto tiempo para realizarse. Podría estar lista en cuestión de meses. Lo único que se necesita es voluntad política y diálogo con las empresas. Pero nos encontramos con un sistema oligopólico, cuyas empresas energéticas, las mismas que han servido como puertas giratorias a más de 175 exaltos cargos políticos, son las principales interesadas en que nada cambie.

Nuestro país requiere de una reforma profunda del sistema eléctrico. El equipo de Gobierno y los grupos parlamentarios que hicieron posible el cambio deben actuar con la valentía necesaria para que la reforma sea sustancial. Deben ser lo suficientemente valientes como para impulsar una empresa pública de la energía. Además, se debe apostar por la reducción de la parte fija de la tarifa eléctrica y contar con una mayor participación de las renovables, lo que conllevaría que la energía no fuera tan cara de producir.

España necesita que la reforma del sistema eléctrico sea profunda para que permita al Estado incidir en una mayor capacidad para proteger a la ciudadanía y evitar subidas de precio como las sufridas durante los últimos días, así como acabar con la pobreza energética a la que numerosas familias se ven abocadas en este país.