Laura Fernández
Activista feminista por la igualdad y los Derechos Humanos.

Esta pandemia se está cebando con las mujeres, y más especialmente con las mujeres migrantes. Son muchas las compañeras que han perdido su trabajo, llegando incluso a tener que mendigar por unos pocos euros para poder hacer frente a la economía doméstica. Desde hace tiempo, vemos como algunas de nosotras, para poder subsistir, debemos aceptar trabajos precarios y en negro, por que el hambre no nos permite exigir nuestros derechos. Ni como mujeres ni como trabajadoras.

En estos días conocí un caso muy triste, el de una mujer que cuidaba de unas personas mayores. Cuando empezó la pandemia y posterior confinamiento tuvo que decidir si mantener el trabajo o irse a casa junto con su familia; en ningún momento dudó en cuidar de las personas mayores a las que el duro trabajo y las larguísimas jornadas laborales les había unido casi como si fueran familia. Se dedicó en cuerpo y alma para que no les faltara nada cuidó de ellos como si de su familia se tratase. Y los mantuvo a salvo.

Nuestra situación laboral

Cuando acabó el confinamiento, después de casi 4 meses, ella tenía que volver a casa para ver a sus hijos. Es en ese momento en el que recibe un mensaje de texto de los hijos de los ancianos anunciándole su despido, sin ninguna explicación ni finiquito. Sería una anécdota macabra si este fuera el único caso, pero las mujeres migrantes que se dedican a los cuidados, una de las pocas salidas laborales que nos quedan cuando venimos, sin importar nuestra formación, de nuestros países de origen, y que callan porque temen, no solo la reacción de quienes las contratan, sino también el rechazo de una sociedad que no atiende a quienes nos cuidan.

Contratan sin contrato a personas para que cuiden de sus niños y mayores

Contratan sin contrato a personas para que cuiden de sus niños y mayores; y sobre los hombros de estas mujeres valientes recae el peso, en la mayoría de ocasiones, de toda una familia que no es suya y que, sin embargo, para poder mantener a su propia familia, enviándoles dinero desde España, mantienen. Y, en el momento en el que menos lo esperan, son despedidas sin ningún derecho y amenazadas con advertir a la policía de que su situación es irregular en un país que las acoge como mano de obra barata.

Hace unas semanas se ponía el acento en todas las mujeres prostituidas. Ahora, durante la pandemia, se ha decidido el cierre de los clubs que atenazan todas las ciudades de este país para evitar el contagio de la COVID-19 en aquellos lugares en los que el hombre puede acceder al cuerpo que desee y violarlo a cambio de unas monedas. Muchas son las mujeres migrantes, da igual el país del que vengan, que son obligadas a vender su voluntad y cuerpo bajo la misma amenaza “si no lo haces denunciaré que no tienes papeles”.

“Las feministas hemos alzado la voz en multitud de ocasiones en contra de los prostíbulos”

Las feministas hemos alzado la voz en multitud de ocasiones para que se cierren estos centros en los que se vende el cuerpo de la mujer como un trozo de carne. Qué pena que haya tenido que ser el coronavirus el que ponga en jaque a los proxenetas y prostíbulos; qué pena que sea un virus el que permita que se paralice la trata de blancas que hemos denunciado desde el feminismo. Somos abolicionistas porque no queremos que nadie crea que el dinero lo puede todo.

Pero, para poder conseguir nuestra lucha, que no es más que la defensa de los Derechos Humanos, necesitamos no solo del 8 de marzo, sino de la implicación de los diferentes agentes sociales. Nuestro movimiento, legítimo, ya ha puesto en jaque la estructura patriarcal que ha mantenido a la mujer como ciudadana de segunda clase; ahora hace falta que las fuerzas políticas unan fuerzas en contra de que exista la esclavitud en el siglo XXI. Porque sí, la prostitución es una forma de esclavitud que aún hoy se mantiene gracias a que la política mira hacia otro lado.