Laura Fernández
Activista feminista por la igualdad y los Derechos Humanos.
 Sabemos que, desde que termino el Estado de Alarma, muchas personas están intentado conseguir una cita para el tramite de huella y asilo, así poder terminar con su proceso de documentación legal en España.

Conseguir cita para hacer el tramite de huella en cualquier comisaria de la Policía está siendo como una misión imposible. El calvario de muchas personas comienza con la web del ministerio, en la que te puedes pasar días, horas, hasta incluso meses, sin éxito. La gravedad de esta situación es que muchos de los migrantes por la desesperación caen en una red de estafadores de citas para huellas o cualquier otro tramite: la famosa venta de citas.

Su desesperación les convierten en victimas de estas mafias  que llegan a cobrar hasta 300 euros. Todos sabemos que si no tienes las documentaciones en regla no puedes hacer ninguna gestión ,y lo más grave es que si sales a la calle y tienes la mala suerte de que te pare la policía,  te pueden poner una orden de expulsión.

Asociaciones de migrantes

En estos días, asociaciones de  personas migrantes, han presentado una carta a la delegación del gobierno de Madrid pidiendo soluciones a la ausencia de citas en las oficinas de extranjería, que limita derechos de las personas migrantes para poder regularizar la situación administrativa. Estas limitaciones y trabas que sufren las personas migrantes tiene un origen la de la dejación de funciones por parte de la  Delegación de Gobierno.

La delegación debería tener más medios y personales. Porque,  con su inactividad y falta de provisión de medios y personal a las oficinas de extranjería, se está produciendo un trato discriminatorio. 

Nosotras, las personas migrantes, dependemos de estos trámites para poder vivir, trabajar, estudiar y garantizar nuestra tranquilidad. Y, quien no entienda esto, estará dejando de lado a una gran parte de la masa productiva de este país.

No son buenos tiempos para nosotras; que vivimos día a día los ataques, tanto en medios de comunicación como en el mismo Parlamento, de una sociedad que se está radicalizando hacia una xenofobia patente en las calles de España. Y, si el Estado permite estas conductas, estará siendo partícipe de la xenofobia cada vez más institucionalizada.