David LerínEl pasado miércoles 6 de enero Estados Unidos vivió internamente uno de los momentos más graves de su historia política. Una muchedumbre enardecida asaltó el Capitolio, sede del Congreso y el Senado, alentada por Donald Trump que había incitado a sus adeptos a “una protesta salvaje”. Momentos previos, el actual presidente se dirigió a sus seguidores en el mitin que había organizado en el parque de La Elipse, cerca de la Casa Blanca y del Capitolio, con el lema “Salva América” (Save America) contra el “fraude electoral” y contra la designación de Joe Biden como nuevo presidente.

En dicho acto, emplazó a sus incondicionales a una sublevación política: “Vamos a caminar por la avenida Pensilvania (…) y vamos a ir al Capitolio y vamos a ir e intentar darles (…) a nuestros republicanos, los débiles (…) el tipo de orgullo y de audacia que necesitan para recuperar nuestro país”.

Asalto a la democracia

Sin embargo, el comienzo político de este asalto a la democracia no se encuentra únicamente en este mitin. El principio de este intento de golpe institucional se origina en la deslegitimación que realiza Trump al no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el martes 3 de noviembre de 2020. Como ya advertí en un artículo publicado previamente en este medio, Ahora Diario, esta actitud suponía una impugnación abierta al sistema democrático americano y un arriesgado antecedente que podía ser exportado e imitado por otros partidos de ultraderecha y por líderes nacional-populistas análogos al actual presidente norteamericano.

La condición mínima para participar en el sistema representativo es aceptar sus normas. El peligro de deslegitimar la esencia propia del régimen democrático se ha traducido en este espectáculo violento y bochornoso que cualquier formación política demócrata debe condenar sin paliativos. Como ha mencionado Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, el propósito de Donald Trump es “tratar de socavar el derecho de participación política” y “demuestra claramente el impacto destructivo de la distorsión deliberada”.

Enfrenta al pueblo

Incluso, podemos retrotraer el golpe institucional al propio ideario del actual mandatario americano: el nacional-populismo. Esta ideología se basa en una dicotomía o binomio que enfrenta al pueblo, identificado con la nación (étnica),  contra una  “élite política” (“clase política”, “establishment”, “políticos” etc). Esta doctrina, que no critica a la élite económica del país, materializa sus propuestas en una deslegitimación de lo político, una desconfiar de todos los representantes políticos y de la totalidad de las  instituciones democráticas que son sometidas al servicio del interés sagrado de la nación, que ha caído en decadencia y debe volver a su grandeza del pasado: “Make America Great Again” (traducible como «Hacer América grande otra vez »).

Es decir, se pretende volver a un pasado utópico mitificado y utópico de la nación, esto es, se reivindica un “ultranacionalismo palingenésico”, siguiendo el concepto del politólogo Roger Griffin, como hacía el fascismo histórico.

Principios básicos de la democracia

Además, la ideología de Trump está cargada de un pensamiento que cuestiona principios básicos de la democracia, reduciendo esta a un “liberalismo etnocrático”, que primacía o preferencia  a los “nativos” (nativismo) frente a otras étnicas ajenas que son tildadas de invasoras y enemigas de la nación.

Por último, este episodio concreto no puede pasar exento  de condena y debe tener un sanción penal significativa acorde a la gravedad de los hechos producidos, con el objeto evidente de no repetir este suceso nunca más en Estados Unidos y evitar su posible expansión internacional a otros Estados soberanos. Por tanto, no debe haber impunidad y los culpables de este golpe institucional, tanto los asaltates como sus instigadores, deben pagar por su grave afrenta al sistema democrático.