Podemos se abstiene con la Ley de Igualdad de Trato

Unidas Podemos vuelve a traicionar el pacto de coalición. Esta vez, se ha abstenido a votar a favor de la Ley de Igualdad de Trato, del PSOE
Unidas Podemos vuelve a traicionar el pacto de coalición. Esta vez, se ha abstenido a votar a favor de la Ley de Igualdad de Trato, del PSOE

Unidas Podemos se ha abstenido en la votación por la Ley de Igualdad de Trato, presentada por el grupo socialista. El Pleno del Congreso de los Diputados apoyó este martes la toma en consideración y, por tanto, la tramitación de la proposición de ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación presentada por el grupo parlamentario socialista, por 160 votos a favor, 52 en contra y 133 abstenciones, según informa Servimedia.

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El registro de este texto por parte del Grupo Socialista generó un profundo malestar entre sus socios de Unidas Podemos, que les acusan de “desleales” y de “romper el pacto de investidura”, lo que el PSOE niega, alegando que se había hablado sobre el texto. Todos los grupos de la oposición salvo Vox aceptaron la utilidad de la propuesta legislativa y se mostraron conformes con su admisión a trámite. Unidas Podemos, EBildu y PP se abstuvieron, mientras que ERC, Ciudadanos y Compromís votarán a favor.

Unidas Podemos

Pese a ello, todos coincidieron en denunciar “las luchas internas” en el seno del Gobierno por “ver quién sostiene la pancarta de la igualdad”, un asunto “demasiado serio como para andar con estos juegos”. La diputada de Vox Carla Toscano afirmó que la “igualdad de todos los españoles ya está garantizada por el artículo 14 de la Constitución”, y que esta ley “solo viene a cercenar la libertad individual de los españoles y a crear privilegios”.

Defendió la iniciativa la diputada socialista Beatriz Micaela Carrillo, quien subrayó que su objetivo es precisamente “ofrecer mayores garantías y desarrollar” el derecho a la igualdad ante la ley que consagra la Constitución.

Bautizada como ‘Ley Zerolo’, la iniciativa “pretende establecer un mínimo común en el Derecho antidiscriminatorio español” y acabar con el trato diferente por razón de edad, origen racial, sexo, identidad de género, discapacidad, orientación sexual, creencias religiosas o estatus socioeconómico.

Así, prohíbe cualquier forma de discriminación a la hora de alquilar o comprar una vivienda, matricular a un alumno en un centro educativo, acceder a un lugar de ocio o recibir atención sanitaria. También impide las identificaciones policiales por perfil étnico y la financiación pública de centros que segregan por estos motivos.

La diputada Carrillo se acordó también de Juan José Ramírez Heredia, activista como ella a favor del pueblo gitano, y citó distintos testimonios de ciudadanos anónimos como ejemplos de discriminación cotidiana. Por eso es necesaria esta ley, dijo, y acusó a los diputados de Vox de promover “un discurso del odio”, que a su juicio “es fruto del miedo que nos tienen a los que somos diferentes”.

Carrillo y Toscano mantuvieron un cara a cara sobre la conveniencia de esta ley, que la primera consideró “imprescindible y necesaria, además, para cumplir con los compromisos internacionales firmados por España”, y que la segunda tildó de “chorrada” y de “gravísima intromisión en la vida de los españoles”.

Carrillo no mencionó en ningún momento el hecho de que esta propuesta no cuente con el aval del Ministerio de Igualdad, organismo del que, entre otras cosas, dependería el alto Comisionado para la Igualdad de Trato que prevé la ley. En su intervención, el portavoz de Unidas-Podemos, Ismael Cortés, preguntó al PSOE “por qué tras seis meses de trabajo” han decidido presentar esta ley en solitario “y actuar de forma tan desleal”.

Precisamente, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, vinculó la disputa entre Unidas Podemos y PSOE a este otro proyecto de ley, que consideró tan importante como la Ley de Igualdad de Trato. En referencia a esta última, destacó que “igualdad no es tratar de forma igual a quienes son muy diferentes”; y en cuanto a la primera, pidió “no poner a competir a unos grupos vulnerables contra otros por los derechos humanos”.

Lucha interna

Errejón se dirigió a ambas formaciones (PSOE y UP) para pedirles que “dejen de meterse el dedo en el ojo los unos a los otros”, mientras que el diputado del PNV Iñigo Barandiaran afirmó que la igualdad “es un asunto muy serio como para andar con estos juegos”. Consideró también que el establecimiento de una estrategia nacional como propone la ley invadiría competencias de las comunidades autónomas, que “son quienes deben ocuparse de ello”.

Según la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta, esta propuesta “nace de las prisas y carece de los consensos necesarios”, pues obedece “a los intereses partidistas del PSOE”. Cuestionó que una única ley pueda acabar con la discriminación que sufren las personas LGTBI, migrantes o con discapacidad, y propuso distintas leyes sectoriales en su luar.

La portavoz de Ciudadanos en la comisión de Derechos sociales y Políticas de Discapacidad, Sara Giménez, reconoció en cambio la utilidad de la propuesta, que “supone abordar de forma integral la desigualdad y la discriminación en sus distintas formas”, y aseguró que su grupo defenderá su admisión a trámite, “porque sabemos lo que es sentirse discriminados”.

La diputada mostró su satisfacción por la toma en consideración del texto, en el que ya empezó a trabajar cuando formaba parte de la Fundación Secretariado Gitano, aunque pidió modificar la estructura del Comisionado para la Igualdad, a fin de garantizar su independencia.

Coincidió con la portavoz del grupo Popular, Margarita Proens, en que la redacción actual es fruto “de la lucha interna dentro del Gobierno”. Proens también resaltó la utilidad de abordar de manera integral todas las formas de discriminación, motivo por el que se su grupo se abstuvo a la hora de votar la toma en consideración de esta norma.

Sí avanzó la presentación de múltiples enmiendas, para “garantizar a un tiempo la igualdad y la libertad personal”. Entre otros puntos, el PP pedirá asegurar la financiación pública a los centros concertados que segreguen por sexo y el mantenimiento de los centros de educación especial.